Luego de los ataques xenófobos, inician campañas solidarias en Chile para ayudar a los exiliados venezolanos

La Policía trata de identificar a quienes quemaron objetos personales de los migrantes en un campamento en la ciudad de Iquique

Múltiples muestras de apoyo y solidaridad se han evidenciado en Chile con los ciudadanos venezolanos atacados cuando terminaba una marcha anti migrante realizada al norte del país.

El sábado 25 de septiembre se realizó en la ciudad de Iquique, al norte de Chile, una marcha bajo la consigna “No + Migrantes” en contra de los ciudadanos venezolanos que han llegado masivamente a esta localidad escapando de la crisis económica, sanitaria y política que afecta a Venezuela.

Alrededor de 5 mil personas marcharon con banderas chilenas y gritos xenófobos denunciando la poca preocupación del gobierno nacional por la llegada de los migrantes venezolanos a Iquique, quienes han colapsado playas y plazas con campamentos improvisados ante la falta de albergues.

Esta convocatoria terminó con la quema de un campamento de migrantes y con múltiples enfrentamientos entre iquiqueños y venezolanos que dieron la vuelta al mundo.

Según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) más de 23 mil ingresos clandestinos se han registrado desde enero a junio de este año en Chile. De esta cifra 17.914 son ciudadanos venezolanos, 3.043 bolivianos, 949 colombianos y 800 haitianos.

La crisis migratoria en Chile tiene una larga data pero desde el año pasado es que la llegada masiva de venezolanos al norte del país ha desatado una crisis humanitaria sin precedentes, tanto en pequeños poblados y en grandes ciudades.

Localidades fronterizas como Colchane ubicada en Chile y muy cerca del límite con Bolivia, han vivido una verdadera crisis humanitaria al verse colapsada en más de una oportunidad por la llegada de migrantes venezolanos que cruzan al país sin ningún control. Esta población acusa que al gobierno del presidente Sebastián Piñera “se le escapó de las manos” esta problemática.

“Lo único que hemos visto son declaraciones a través de los medios de comunicación negando la existencia de esta realidad. El primer gesto que debe hacer el Gobierno es reconocer que existe este fenómeno migratorio y que se le escapó de las manos, y tener la voluntad de sentarse a trabajar con los alcaldes afectados y con la comunidad”, dijo el alcalde de Colchane, Javier García.

Frente a esta crisis humanitaria es que se ha levantado en Chile una campaña para ir en ayuda de los migrantes, mientras que la fiscalía ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) que indague el ataque que sufrieron tras la marcha en Iquique.

El canal de televisión chileno La Red anunció una campaña de recolección de ayuda para niños y niñas migrantes del norte del país. La iniciativa conocida como “Un niño no migra para ser infeliz” busca recolectar carpas y sacos de dormir, alimentos no perecibles, útiles de aseo y artículos para niños y niñas, como juguetes en buen estado, coches, lápices para pintar y libros para colorear.

La campaña de La Red se une con la Red Migrantes Chile y concretamente con la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO), y la Red Pro Migrantes de Tarapacá quienes están en el norte del país coordinando la ayuda para los afectados.

La recepción de estos artículos de ayuda serán recibidos hasta el viernes 1 de octubre en las instalaciones del canal La Red ubicadas en Santiago de Chile, en calle Quilín #3750, situada en la comuna de Macul.

PDI investigará ataque a migrantes

La quema de enseres personales de los migrantes venezolanos en Iquique llegó hasta la fiscalía nacional, quienes ordenaron a la PDI iniciar las indagaciones para buscar responsabilidades tras este ataque.

La PDI ha levantado información en el lugar donde ocurrió el ataque en Iquique, y ha solicitado imágenes de cámaras de vigilancia del sector para investigar las identidades de quiénes están detrás de estos hechos. “Se solicitó también como diligencia que recabaran los videos de seguridad de las cámaras municipales que pudieran haber captado este hecho”, dijo la fiscal Jócelyn Pacheco.

El presidente Sebastián Piñera se refirió a este ataque y condenó la xenofobia chilena en contra de los migrantes venezolanos. “Condenamos categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada cometió contra un grupo de migrantes irregulares de origen venezolano”, dijo Piñera quien agregó “que estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado de acuerdo a la ley”.

Muestras de repudio a los ataques

Los ataques producidos en la ciudad de Iquique recorrieron todo el país y el mundo desatando la rabia de una población que ha sido testigo de uno de los ataques xenófobos más graves de los que se tenga memoria.

El senador chileno Francisco Huenchumilla acusó al gobierno por no disponer de medidas para solucionar este problema, y se preguntó “¿cómo es posible que en este país tratemos así a gente sufriente, que viene huyendo de una dictadura, con sus familias, sus mujeres, sus niños, que estén en la calle, en la intemperie (…) y que más encima los chilenos y las chilenas vayan ahí y les quemen sus cosas?”.

La candidata presidencial Yasna Provoste también tuvo palabras al respecto y apuntó al gobierno de Sebastián Piñera por este dilema migratorio. “Ha habido una negligencia inexcusable de la administración”, dijo la ex presidenta del Senado quien recordó que “el gobierno marginó a nuestro país del pacto de Marrakech para la migración segura, ordenada y regular”.

La quema de los objetos personales de los migrantes venezolanos llegó hasta los organismos de Unicef y Human Rights Watch. El primero solicitó al Estado de Chile “garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país”, y mostró su preocupación por “la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique”.

Mientras que Human Rights Watch manifestó por medio de su presidente ejecutivo José Manuel Vivanco que lo ocurrido en Iquique “es un triste espectáculo”, y que “las autoridades tienen la obligación jurídica de proteger a los inmigrantes (incluyendo los indocumentados) de todo tipo de violencia y frenar con energía la xenofobia”.